Una de las acciones más controvertidas de la campaña de concientización acerca de los derechos y deberes que te otorga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, realizada en la UPN, fue la encaminada a persuadir al personal académico de su papel como servidores públicos, consideró Mario Villa Mateos, director de Servicios Jurídicos.
La valoración de director jurídico de la UPN fue ofrecida el pasado 9 de noviembre, durante su participación en el panel Experiencia y Retos de las Unidades de Enlace de Información, dentro del Seminario de Transparencia Universitaria: Retos y Oportunidades, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Durante la campaña, dijo Villa Mateos, “nos costó mucho trabajo que el personal académico de la Universidad comprendiera que ellos son servidores públicos porque el Estado les cubre un salario, basados en esa disyuntiva se les explicaba detalladamente que ellos están sujetos a las normas jurídicas que regula la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos… [Fueron] cuatro años de ardua tarea y alcanzamos este nivel [de cumplimiento] que tenemos en la UPN.
“[…] La UPN inició este trabajo con la conformación de un comité de información y una campaña basada en dos ejes fundamentales, sujetos a una cultura de la legalidad: dar a conocer veraz y oportunamente la Ley Federal de Transparencia y las obligaciones y derechos de los servidores públicos para proporcionar la información contenida en sus archivos.
“Esa campaña fue encaminada a que los servidores públicos conocieran todo el procedimiento contenido en la ley, desde la pagina de Infomex que se encuentra en el portal UPN, y de manera personalizada el equipo de la Dirección Jurídica acudió a asesorar a los servidores públicos y clasificar la información para definir aquella que es clasificada como confidencial o dentro del Sistema Persona.
“En términos generales, la UPN se ha encaminado a desarrollar esta campaña que nos ha dado un buen resultado, y comprender los alcances de esta prerrogativa constitucional; ante esas circunstancias, el Comité de Información se ha encargado de determinar y actualizar los índices de expedientes reservados, y actualizar de forma periódica el índice del Sistema Persona. También se encarga de conocer, no de resolver, la anteposición de los recursos de revisión, los cuales son resueltos en la Dirección Jurídica.
“[…] Basado en esas experiencias, el resultado que hemos obtenido ha sido el de abrirnos en su totalidad, con excepción de lo que la propia ley establece en los índices de expedientes reservados y del Sistema Persona. En cierta forma esa es nuestra experiencia y el reto es seguir explicando y hacerlo del conocimiento de todos y cada uno de los que integran a la Universidad, en sus diversos órganos colegiados y de servidores públicos de mando medio y superior”, finalizó Mario Villa Mateos.
Fuente: GACETA UPN
Fecha: Febrero 2012
