La suplantación y robo de identidad representan 68 por ciento de los delitos cibernéticos y 17 por ciento son por fraude, mientras que los hackeos son el 15 por ciento, denunció Lizbeth Eugenia Rosas Montero, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Estas cifras colocan a México en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de China y Sudáfrica con 85 y 84 por ciento de usuarios, de manera respectiva.
Además, refirió Rosas Montero, es una de las naciones con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos, siete de cada 10 usuarios.
México es la segunda nación de América Latina y el Caribe más afectada y vulnerable por los ciberdelitos, sólo en 2013 las pérdidas económicas ascendieron a 3 mil millones de dólares, refirió la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dijo que ante este escenario, presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente en donde exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen los resultados en materia de seguridad cibernética.
Pidió a esas dependencias federales, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dar a conocer su posición respecto a la adhesión al convenio de Cibercriminalidad de Budapest (The Convention on Cybercrime -ETS-185).
Puntualizó que la llamada Convención sobre Delitos Informáticos o Convenio sobre Ciberdelincuencia conforma el único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación en la materia -derecho penal, procesal y cooperación internacional- y trata con carácter prioritario una política penal contra este delito virtual.
Lamentó que México no sea miembro de esa convención, situación que conlleva a la falta de coordinación estratégica con las naciones líderes en el combate a los ciberdelitos, a pesar de estar incluidos entre los países con mayor incidencia delictiva en internet.
Al respecto, se pronunció por crear leyes específicas respecto al uso del ciberespacio y homologar la tipificación de los delitos cibernéticos.
